Los ministros de la Suprema Corte que han consentido el paro de labores del Poder Judicial, deben ser despedidos justificadamente del puesto que desempeñan.

¿Quién los debe despedir? El pueblo, mediante acciones directas en ejercicio de su soberanía.

Las razones son evidentes y ya son fama pública; por lo que se prueban por sí mismas: el pago acordado finalmente por la Presidenta de la Suprema Corte y por lo tanto, del Poder Judicial.

También el incumplimiento de la función para la cual fueron contratados y por la cual se les ha hecho el pago correspondiente con cargo a los recursos públicos.

Ellos y todos los jueces fueron contratados para darle trámite a los juicios de los cuales, siendo competentes, se les presentaran en tiempo y con las formas jurídicas de requisito.

A ellos no se les contrató para estar defendiendo un mecanismo de designación de los miembros de la Corte; ese es trabajo de los diputados y senadores. Ellos podrán expresar lo que gusten, podrán manifestarse a través de los medios o públicamente en la calle, en su tiempo libre, pero no pueden dejar de trabajar con cualquier pretexto, incluso el pretexto de la falta de personal es totalmente inaceptable de acuerdo a la ley.

Las funciones públicas no pueden interrumpirse porque causan daño al país en su conjunto y a la administración pública en concreto. Si los trabajadores del Poder Judicial decidieron dejar de trabajar, acumulándose 4 días consecutivos, los jueces y los superiores de los faltistas debían sustituirlos de inmediato por otros trabajadores; esa no era responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, tampoco es responsabilidad de Claudia Sheinbaum; es responsabilidad de todos y cada uno de los jueces que tienen a su cargo personal para desarrollar su trabajo jurisdiccional.

Pero, en virtud de que en lugar de sancionarlos y sustituirlos, los jueces se unieron al paro, se hacen acreedores a la misma sanción que los trabajadores que suspendieron injustificadamente sus labores, y así sucesivamente, a los magistrados de circuito y finalmente a todos los ministros de la Suprema Corte que han tomado acuerdos que fortalecen y justifican la actitud irresponsable del personal del Poder Judicial de la Federación.

Ya basta; "es bueno el holán  pero no tan ancho." decía mi tía antes de que volara el chanclazo".  Se les ha tratado con  consideración , se les ha perdonado que invadieran el pleno de los senadores en sesión. Y todavía insisten en violar los derechos generales de todos los mexicanos.

La Constitución concede un derecho específico en el artículo 17 que dice: "Está prohibido hacerse justicia por propia mano; el Estado dispondrá de tribunales expeditos" ...para resolver los conflictos que se presenten; las resoluciones deben ser prontas y fundadas en la ley. Ese es un derecho humano general de cobertura nacional y protege a todo aquel que se encuentre dentro del territorio mexicano.

El gobierno mexicano ha dispuesto tribunales expeditos, es decir, disponibles para aplicar la justicia, pero los jueces, magistrados y ministros que deben aplicarla prontamente y de acuerdo a la ley, no lo están haciendo. Y, en un escándalo increíble, están disponiendo del dinero público que la Secretaría de Hacienda le entregó al Poder Judicial, pagándole a quienes no se han presentado a trabajar. Esa acción es un verdadero delito. Ya basta de seguir tolerando pillos que cometen delitos de cuello blanco en las instituciones gubernamentales.

Por eso decimos: "Piña y todas las piñas y piños que la acompañan, deben salir a volar del Poder Judicial Federal".

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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